Las instituciones de la Unión Europea trabajan diariamente con idiomas ya que su política lingüística estipula que los ciudadanos tienen que tener acceso a la información en una lengua que comprendan.
Este concepto es importante porque al entrar en la UE el nuevo miembro tiene que decidir qué lengua oficial utilizará en la UE.
Es lógico por tanto que las instituciones europeas cuenten con un grupo interno de traducción y que dada la amplitud de la cobertura de dicha política, tengan necesidad además de contratar traductores externos.
Además de los expertos en traducción, también cuentan con juristas lingüistas, es decir, traductores licenciados en derecho.